Se admite a trámite una proposición de ley para suprimir el Consejo de Diálogo Social en Navarra

Se critica que responde a un modelo "basado en la exclusión, que se ha limitado a la participación y negociación entre UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Navarra"

El Parlamento de Navarra ha admitido a trámite una proposición de ley de EH Bildu y Podemos para suprimir el Consejo de Diálogo Social. La iniciativa para derogar la norma por la que se crea el Consejo del Diálogo Social en Navarra no cuenta con el visto bueno de sus socios, Geroa Bai e Izquierda Ezkerra, que se muestran a favor de la existencia de dicho órgano.

Los proponentes, que se han mostrado dispuestos a alcanzar acuerdos con otros grupos para poder sacar adelante esta iniciativa, plantean que mientras no se apruebe una nueva normativa que regule esta materia, las competencias previstas sean atribuidas al Consejo Económico y Social, un órgano en el que sí se encuentran representadas organizaciones representativas de otros ámbitos económicos como la Economía Social.

Entre las razones recogidas en la exposición de motivos para pedir la derogación, los proponentes citan que "es un órgano creado al final de la anterior legislatura pensado en un modelo de diálogo social de otros tiempos, agotado, que es preciso superar".

En este sentido señalan que responde a un modelo de diálogo social "basado en la exclusión, que se ha limitado a la participación y negociación entre UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Navarra".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que analizarán "con detenimiento" la proposición de ley y ha manifestado que son "partidarios" del diálogo social, por lo que "seguimos emplazando al Gobierno para que estén todas las fuerzas posibles para que diálogo social sea una realidad".

El caso de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana el diálogo social queda regulado por la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana (LPCI) y el reglamento que lo desarrolla (DECRETO 193/2015, de 23 de octubre, del Consell). La LPCI reconoce el derecho de representación a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas: la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL), actualmente en fase de liquidación, y sus fundadoras CEV, CEC y COEPA; la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT PV) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO PV).

En su artículo 12, la LPCI regula la composición, constitución y funciones de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana como un órgano colegiado de participación institucional permanente, de composición tripartita y paritaria.

Así pues, otro tipo de entidades, como las representativas de la Economía Social, tan sólo aparecen citadas en la disposición adicional primera de la ley, sobre participación institucional de las organizaciones o instituciones representativas de intereses sectoriales. En esta disposición se dice que “las organizaciones representativas de la economía social y de los trabajadores autónomos, participarán en los órganos y entidades de la administración de la Generalitat cuyas competencias afecten directamente a los respectivos intereses de la economía social y del trabajo autónomo”, reconociéndoles una mera función de asesoramiento.