CEPES lidera el debate para que el concepto de ‘empresas sociales’ obtenga cobertura y reconocimiento legal en España

El PP en el Congreso rechaza abordar la cuestión a la espera de que se plasme en una directiva comunitaria, que habrá que trasponer a la legislación española

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con el voto en contra del PP, aceptar a trámite una proposición de CiU para poner en marcha una Ley de Apoyo a la actividad de los emprendedores sociales, aunque los populares sí se han mostrado favorables a seguir fomentando el debate sobre este asunto para mejorar el marco jurídico de este colectivo en el ámbito de la UE.

"Todos estamos de acuerdo en el gran beneficio que estas empresas aportan a nuestra sociedad, y que es nuestra responsabilidad acompañarlas y visualizarlas. Pero ese debate también se está realizando en la UE y debemos ser inteligentes a la hora de promover o delimitar figuras en un escenario europeo y global infinitamente competitivo", ha dicho el portavoz de Cooperación del PP, Ignacio Uriarte.

Por eso, ha defendido la disposición de su grupo a participar de un "debate social nacional" sobre "la manera más adecuada de incorporar a la empresa social en la legislación española para darle cobertura" y para "impulsar la economía social y, de esa manera, promover la creación de empleo y el bienestar social".

Sin embargo, ha defendido que ese debate debe realizarse en el marco de la Ley de Economía Social, de 2011, y también teniendo en cuenta la estrategia sobre este asunto que la Comisión Europea (CE) lanzó en 2011 y que "pronto" se plasmará en directivas comunitarias que habrá que trasponer a la normativa española.

El concepto de empresa social

Hace apenas dos semanas, representantes de los diferentes partidos políticos, de empresas de la Economía Social y de las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria participaron en la Jornada ‘La Empresa Social como agente de la Economía Social’, organizada por la Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

El objetivo de CEPES es impulsar el concepto de “empresa social” en España para darle cobertura y reconocimiento legal en el marco de la Ley 5/2011 de Economía Social, tal y como marca la Comisión Europea, que establece que las ‘empresas sociales’ son un agente de la Economía Social.

El término ‘empresa social’ fue creado por las instituciones comunitarias a finales de 2011 y la Comisión Europea lo identifica de acuerdo a tres grandes criterios que en España están englobados dentro de la Ley 5/2011 que define la Economía Social: la acción de la empresa se dirige a alcanzar un objetivo social, los beneficios se reinvierten en el objetivo social y la organización se basa en principios democráticos, participativos y orientados a la justicia social.

Actualmente, en la legislación española pueden ser consideradas ‘empresas sociales’ tres fórmulas jurídicas enmarcadas en la Economía Social, como los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción o las cooperativas de iniciativa social.

Sin embargo, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha dejado abierta la puerta a la incorporación de una nueva fórmula jurídica que defina a la ‘empresa social’ dentro de la Ley de Economía Social 5/2011. “Sería importante abrir un debate a nivel estatal”, ha señalado Pedreño, “para ver la manera más adecuada de incorporar el nuevo concepto de empresa social en la Ley española de Economía Social, de manera que se dé cobertura y reconocimiento legal a estas nuevas fórmulas de Economía Social”.

El presidente de CEPES también ha mostrado su preocupación porque se utilizan como sinónimos los términos ‘empresa social’ y ‘empresa de Economía Social’. Pedreño ha puntualizado que “todas las ‘empresas sociales’ se enmarcan en la Economía Social, pero no todas las empresa de Economía Social son empresas sociales”.

Además, Pedreño ha recordado que CEPES “siempre ha defendido las políticas de RSE y la acción social empresarial”, pero ha puntualizado que “es una equivocación que algunas empresas sean calificadas como ‘empresas sociales’ porque desarrollen acciones de RSE o acción social, ya que no cumplen con los principios, valores y mecanismos que recogen los documentos comunitarios”.